No hace mucho se prostituyó el dolor de las víctimas en el Congreso. El dolor de aquellas víctimas que aún están entre nosotros; de los padres, y madres, parejas, hermanos y hermanas, los que quedaron aquí. Fue en el marco de la PPR (la prisión permanente revisable), donde se invitó a las familias al Parlamento, y el PP y Ciudadanos iniciaron una guerra por el sector más conservador de los votantes españoles. ¿Qué deben sentir unos padres destrozados, como los de Diana o Mari Luz?, ¿o el padre, o la madre (biológica), de un chiquillo como Gabriel Cruz al comprobar que su dolor no es más que una herramienta al servicio del poder?

Hay que ser muy canalla, o vivir en una puta burbuja de confort, para pensar que algo así se hace para beneficio del ciudadano. Lo entendieron al revés: no se trata de utilizar, sino de implicar a las víctimas; no se trata de dejar que las víctimas sean los verdugos, sino de encontrar el modo de que no vuelva a pasar, y, si esto sucede, que cada desgracia encuentre la mayor justicia posible. Pero tampoco nos sorprendamos; hoy, en Cataluña, nos levantamos con las siguientes declaraciones: «Rajoy, dispuesto a abrir la negociación de la financiación autonómica sin Catalunya», que parece que no tenga nada que ver, pero sí lo tiene. ¿Alguien cree que el vecino de la esquina, o uno mismo,  o aquellos que viven en la otra punta del país importan en el plan del Gobierno y de las principales fuerzas políticas? Que nadie se trague eso de que el ciudadano tiene en sus manos un gran poder, ¡por dios!, en España al menos, el ciudadano no es más que un medio, un activo, una cifra.

¿Qué deben sentir unos padres destrozados […] al comprobar que su dolor no es más que una herramienta al servicio del poder?

Pero vuelvo al caso sobre el que venía hoy con ganas de escribir, el de justicia y venganza. Podríamos hablar de muchas cosas al mencionar la PPR, de otra ley aprobada a carpetazo limpio, de oportunismo político, de lucha por ese electorado más conservador y, a veces, rancio y de blancos y negros, pero no deberíamos olvidar tres cosas. La primera es que la mayoría de personas que votan y legislan nunca han pisado una cárcel, ni como visitantes siquiera (y tiene gracia, porque más de uno debería quedarse allí un tiempo); si lo hubieran hecho, sabrían que, en realidad, si no eres rico, casi cualquiera puede acabar allí por un error: no hablo solo de asesinos, aunque también (véase el caso del anciano de Porreres, en Mallorca), sino de marginalidad, de drogadicción, y de exclusión social. Si alguien cree de veras que vivimos en sociedades justas e igualitarias es que vive con los ojos puestos en casos como el del joven granadino que falsificó una tarjeta (y ¡ojo!, esto es un delito, y grave, no seré yo quien diga lo contrario), y en casos que se pasan por la piedra la libertad de expresión, como el de los titiriteros, los raperos, los tuiteros, en los que pervierten la democracia y ensalzan la falta de diálogo y el haber quien tiene los cojones más gordos, como todos los sucesos en Cataluña desde el 1 de octubre. También en lo de Alsasua, que, a riesgo de no entender desde fuera un contexto concreto, parece más una caza de brujas que un juicio. Pero la Pantoja es otra historia, ya lo dije hace tiempo, o Farruquito, también la Infanta o Vera y Barrionuevo que lanzaron a los GAL contra un francés al que confundieron con un etarra; también Roldán, y Gómez de Liaño, y a los cientos y cientos de casos de asesinato y de corrupción política impunes.

La segunda es no confundir justicia con venganza, que siempre llegará desde el dolor, y, por ello, no dejamos que sean las personas a las que alguien hirió aquellas que acojan el papel de juez o jurado. Esto es sencillo de entender: somos humanos; la mayoría de nosotros siempre intentaremos devolver el mismo mal —ojo por ojo—, o incluso más. Ganar votos con el cadáver de Gabriel Cruz es asqueroso, y está al mismo nivel que intentar hacer creer a todas esas familias rotas que ellos pueden tener el voto decisivo sobre la condena al criminal. Eso ya ocurrió no hace tanto con las asociaciones de víctimas de ETA, y está bastante claro que las víctimas del delito no pueden ser la fuente del derecho penal.

Tercero, y última cosa, ni deberíamos dejarnos llevar por lo anterior —ni por esa falta de conocimiento del propio sistema judicial, ni por la venganza atávica con la que todos viajamos—, ni  tampoco deberíamos contentarnos con un sistema penal que, desde luego, no funciona: ni disuade, ni reforma ni permite la reinserción. Si de veras queremos cambiar el sistema, echémosle un par de narices, y exijamos esto a los políticos que (no) nos representan. ¡Basta de tonterías! Podemos comprender un cambio social y judicial que nos lleve hacia la necesidad de una prisión permanente revisable, pero este deberá ir siempre acompañado de un diálogo por parte de toda la sociedad, de verdaderas garantías de rehabilitación de los internos (porque no, la cárcel no es ni fácil, ni divertida ni se vive de puta madre, por mucho que les pongan una piscina) y de una justicia que, de veras, sea justa, igualitaria y democrática. Una ley que condena desde las alturas a la privación de libertad total sin garantías de ningún tipo, jamás puede ser una ley que debería aceptarse en una democracia; y si se acepta, nos define, y define el país en el que vivimos. ¿Y cuál es la solución? La solución tampoco es tener miedo a endurecer unas leyes que son blandas y no funcionan como debieran: y quien crea que sí, que dedique diez minutos a empaparse de las historias de Sandra Palo, Diana Quer o Mari Luz.

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